El alcalde de Jaca ya encargó hace dos años el informe para construir 946 viviendas más

HERALDO DE ARAGON

Elena Puértolas

El autor del estudio asegura que se lo pidió Villarroya, que carece de contrato y que todavía no ha cobrado del Ayuntamiento. El primer edil ha ocultado todo este tiempo su plan de modificar el PGOU a su socio de gobierno, el PAR, y a la oposición

Una de las principales incógnitas del proyecto del alcalde socialista de Jaca, Enrique Villarroya, de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el sector Levante ya tiene respuesta. El arquitecto urbanista José Manuel López, de Zaragoza, asegura que redactó el documento que le solicitó el alcalde en verano de 2007. El plan de Villarroya para cambiar la tipología de vivienda y pasar de 1.241 unifamiliares a 2.187 pisos en bloque se encargó ya hace dos años y en todo este tiempo no ha informado ni a su socio de gobierno, el PAR, ni a los grupos de la oposición. Según el autor, no existe un contrato y todavía no ha cobrado del Ayuntamiento por el trabajo. López niega además que el encargo le llegara a través de una constructora propietaria en el sector y que haya cobrado de ella.

El Estudio Metro, Arquitectura y Urbanismo, de José Manuel López, entró en contacto con Jaca y conoció la situación del sector Levante a través de algunos de sus clientes, constructoras que tienen propiedades en la zona. Según explica el urbanista, que no ha querido desvelar los nombres de esas promotoras, fue después cuando el alcalde le encargó la redacción del documento, y se lo entregó terminado en febrero de este año. "El que nos pidió el favor al final fue el Ayuntamiento, o sea, el alcalde", aseguró ayer López.

Sin embargo, Villarroya no quiso desvelar la autoría en su comparecencia del martes para dar explicaciones de esta modificación después de la información publicada por HERALDO. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el alcalde.
"Tampoco confiaba en que este trabajo se pagara, esto iba a ser un inicio para, tal vez, hacer algo más o el propio Ayuntamiento podía decidir que tenía su equipo y acababa todo allí", comenta López. Lo habitual, y el propio urbanista admite que es así, es que la administración saque a concurso los trabajos. En el caso de obras menores se puede encargar directamente, pero de cualquier forma con un contrato, que puede ser verbal y corroborarse con una factura, algo que no ha sucedido.

"El alcalde nos pidió si podíamos elaborar un informe de lo que podía ser y le hicimos eso, pero no es un documento que responda a las normas documentales. Es una especie de análisis o propuesta de desarrollo a ver qué le parece", apunta López, quien indica que no pensaba que se dictaminaría en una comisión pero que en cualquier caso es una aprobación inicial. De ahí, explica que no fuera firmado aunque su nombre tampoco se oculta como empresa participante. No obstante, en su informe no se habla ni de campos de fútbol, ni de pistas de patinaje, ni de hoteles, ni de centros comerciales como expuso el martes Villarroya en su comparecencia.
Sin campos de fútbol
El arquitecto López explica que acudió con algunos clientes a la reunión de propietarios que se celebró en verano de 2007 con el alcalde, en la que este último expuso la posibilidad de modificar el PGOU. Según asegura, ya entonces el planteamiento inicial del alcalde era desarrollar todo el sector Levante como una única zona para conseguir una mayor superficie de suelo público en la que desarrollar un campo de fútbol. Con esa idea, hace un año y medio le pasaron un plano con la posible situación de un campo, pero no tres, como dijo Villarroya.

De hecho, una de las denuncias de la oposición es que en el documento de modificación del PGOU para el sector Levante (que presentó el alcalde en la comisión del pasado 12 de agosto y que se dictaminó para pleno con los tres únicos votos favorables del PSOE) no aparecían los equipamientos y que el informe no se correspondía con lo dicho por Villarroya públicamente el martes.

El autor del documento confirma que efectivamente se trabajó con una superficie de 441.501,93 metros cuadrados en la que se iba a pasar de 1.241 viviendas con una media de 126 metros cuadrados a 2.187 en bloque, de entre 85 y 90 metros cuadrados. Además, se pasaba, como detalló Villarroya, de 126 viviendas protegidas a 667 (por la adaptación del Decreto Ley 2/2007, que exige un 30% de estas características).

En cuanto a las cesiones, al abordarse todos los sectores en su conjunto, y no por separado como marcaban las directrices, aumenta la proporción de suelo que los propietarios tienen que ceder al Ayuntamiento. De los 80.470 metros cuadrados iniciales a los 134.974,14, lo que supone un incremento de 54.503,74, detalla el autor. Solo que "el tipo de instalación deportiva, los campos de patinaje... no están en la propuesta, si bien probablemente (el alcalde) da cabida a ello dentro de las superficies previstas para distintos usos", apunta López.

El plan para convertir el seminario de Jaca en un hotel de lujo lleva un año parado por la crisis

HERALDO DE ARAGON

Isabel Ara

Estaba llamado a ser un gran proyecto turístico en un edificio emblemático de la ciudad de Jaca, pero la crisis mantiene paralizado desde hace casi un año el plan para convertir el antiguo seminario en un hotel de lujo. De momento, la crisis obliga a posponer la inversión prevista de 45 millones de euros, con la que se esperaba rehabilitar el inmueble y crear unos cien empleos, aunque los promotores aseguran que la iniciativa no está "ni mucho menos descartada". Pero mientras, el paso del tiempo acelera la degradación de las instalaciones, que llevan 15 años cerradas.

La actual coyuntura económica dificulta tanto la operación de compra del inmueble al obispado jaqués por parte de las constructoras zaragozanas Grupo Machín y Plaza 14, que promueven el proyecto, como el acuerdo de estas con una cadena hotelera que gestione el futuro complejo.

Roberto Machín, presidente de la primera sociedad citada, reconoció que el plan, que se encontraba ya "muy adelantado", "está en 'stand-by". "Hemos ido transmitiendo al Ayuntamiento que seguimos estando ahí, con ganas de hacerlo, pero ahora no se puede desarrollar este tipo de proyectos de gran envergadura", añadió. "Es una pena, pero hay que ser realistas y prácticos y en este momento sería una temeridad, porque si lo empezamos, tenemos que tener la seguridad de poder acabarlo".
Los impulsores de la intervención también siguen en contacto con el obispado de Jaca, "que lógicamente está preocupado", explicó Machín, puesto que el traspaso de la propiedad todavía no se ha podido llevar a cabo, dos años después de haber suscrito una opción de compra que no tenía fecha límite. En ese momento, Grupo Machín y Plaza 14 abonaron un 15% del precio acordado, que nunca ha trascendido, aunque sí se sabe que asciende a "varios millones de euros".

El obispo de Jaca, Jesús Sanz, confirmó recientemente que el complejo "sigue siendo propiedad del obispado". "Nos están dando largas porque en este momento no pueden afrontar la compra, como habíamos conveniado ya prácticamente, pero comprendemos que la difícil situación económica afecta a todos, aunque esperamos que este se desbloquee". "Necesitamos ese dinero para poder abordar otras cosas, pero no podemos disponer de él", lamentó Sanz. Por su parte, el ecónomo de la diócesis, José María Arcas, señaló que el próximo paso sería la firma de las escrituras, para lo que todavía no hay fecha.

Tampoco la hay para la presentación del proyecto definitivo -en su día sí se entregó en el Ayuntamiento un anteproyecto, como recordó el teniente de alcalde, Juan David Vila- ya que, según explicó Juan Forcén, consejero delegado de Plaza 14, el documento tiene que adaptarse a "los estándares de la cadena hotelera que se haría cargo del establecimiento".

En este sentido, Forcén explicó que están avanzadas las negociaciones con una importante firma internacional que actualmente no opera en Aragón, "pero no hemos cerrado el acuerdo porque nos han pedido unas rebajas que nosotros no podemos admitir".

Una vez que se presente el proyecto en el Ayuntamiento se procederá a su revisión por parte de los técnicos municipales y se concederá la licencia de obras, detalló el teniente de alcalde, quien añadió que será entonces cuando el Consistorio recibirá 500.000 euros, como contraprestación por las plusvalías que se generarán por el aumento de edificabilidad y el cambio de uso del seminario.

Así se estipulaba en un polémico convenio urbanístico aprobado por el pleno municipal en junio de 2008 y en el que figuraban como firmantes el alcalde, Enrique Villarroya, y el ecónomo de la diócesis, en nombre del obispo. Poco después, este se desdijo y aseguró que "este obispado no ha intervenido en la redacción de ningún convenio, no tiene ningún conocimiento del mismo por parte del Ayuntamiento, ni ha dado permiso para poner su nombre en él". Ante ello, se decidió reformar el acuerdo para que lo suscribieran los inversores, pero este trámite aún no se ha hecho.
Degradación y peligros
Y mientras el proyecto hotelero se retrasa, se agrava el deterioro del edificio, construido entre los años 1924 y 1925 y que cerró sus puertas como instituto en 1994. Desde entonces, ha servido de refugio a indigentes y de lugar de reunión de adolescentes. El portavoz de CHA en el Ayuntamiento, Pedro Pérez, recordó que en los últimos años ha expuesto este problema en varios plenos para que se exigiera al obispado "un adecentamiento del recinto, de forma que impida la entrada y asuma responsabilidades, porque hay peligro para las personas".

Vila confirmó que en su día, y tras numerosas denuncias de la Policía Local, se requirió a la propiedad para que actuara. "Se valló el perímetro y ya no ha habido más problemas". No obstante, este periódico ha comprobado que las instalaciones siguen abiertas y cualquiera puede acceder al interior, lleno de pintadas y basura.

El PAR rechaza el plan del alcalde de Jaca de construir 946 viviendas más de las previstas

HERALDO DE ARAGON

ELENA PUÉRTOLAS. Huesca

Aunque la propuesta del alcalde socialista de Jaca, Enrique Villarroya, de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona del sector Levante de 441.000 metros cuadrados donde se pasarían de 1.241 unifamiliares a 2.187 bloques y adosados ya era conocida por los grupos municipales, la información publicada por este diario ha generado una tormenta política. Las preguntas de quién ha elaborado el documento que presentó el alcalde sin el apoyo de los técnicos municipal y por qué quiere hacer el cambio siguen en el aire. Solo Villarroya tiene la respuesta y, por el momento, no quiere pronunciarse. Ni siquiera su socio de gobierno, el PAR, conoce la autoría del plan ni los motivos. Por ello, por el momento, no apoya el proyecto. La oposición, PP y CHA, arremetieron ayer contra Villarroya al que le acusan de "falta de transparencia".

"Para nosotros la información es insuficiente", asegura el portavoz del PAR en el Ayuntamiento de Jaca, José María Abarca, quien apuntó que era el principal motivo por el que no podía apoyar por ahora la propuesta para esta zona, en la que se incluye la Corona de los Cuervos. "No sé por qué razón se sometió a dictamen en la comisión", apunta Abarca, quien afirma desconocer las motivaciones del alcalde pero "quiero imaginar que es una cuestión de oportunidad política".

Ese día, el 12 de agosto, ninguno de los dos miembros del PAR asistieron a la comisión porque se encontraban fuera de la ciudad. Sin embargo, Abarca afirma que hubiera solicitado más información porque "no debería de haberse hecho un dictamen ese día". En el caso de haber tenido que votar, al igual que hicieron los tres miembros del PP (2) y CHA (1), se hubieran abstenido.

Villarroya presentó un estudio sin la firma de un técnico -aunque siempre la llevan- y con un informe del letrado asesor del Área de Urbanismo con una serie de recomendaciones y otro desfavorable de la arquitecta municipal. Esta última concluye que "el Ayuntamiento no debería aprobar inicialmente el documento presentado y, por el contrario, debería plantearse previamente las mejores opciones para la ciudad de Jaca".

Dos meses y medio después, Abarca asegura que sigue sin conocer quién es el autor del documento y por qué se propone. De hecho, indica que a pesar de haberse dictaminado, como el alcalde no lo ha llevado a pleno, es un tema del que todavía no ha hablado con Villarroya. Sí recuerda que el Partido Popular ha preguntado en los dos plenos que ha habido desde entonces -el 16 de septiembre y el 21 de octubre- pero que el alcalde todavía no ha respondido. No obstante, "nosotros estamos estudiando la propuesta desde que se ha planteado y la seguimos valorando, pero estamos pendientes de que se terminen todos los informes".

Nuevos informes
Desde que Enrique Villarroya presentó en agosto su plan para aumentar la edificabilidad en el sector Levante, se han producido cambios. Por un lado, se ha aprobado la nueva Ley del Suelo de Aragón y por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado recientemente a favor de Nicuesa, una de las constructoras, propietaria de gran parte del suelo, que puso un contencioso-administrativo al no estar conforme con las directrices que se aprobaron en 2005 para el sector Levante. No obstante, el fallo aún no se conoce en el Ayuntamiento. Así lo explica José María Abarca, al que le consta que Villarroya ha encargado nuevos informes, que podrían modificar las actuales aspiraciones. Por ello, el PAR esperará a conocer los resultados.
Buscar el consenso
Por su parte, la oposición, que no niega que sea necesario revisar el PGOU, critica las formas y la "falta de transparencia" de Enrique Villarroya. Tanto el PP como CHA entienden que no se puede tratar como un cambio cuando supone una revisión del concepto de ciudad. "Es nada más y nada menos que el desarrollo a 20 o 30 años de lo que es un nuevo Jaca. Entendemos que si hay que hacer cambios, tiene que ser con el mayor consenso posible pero no de una manera directa. La comisión duró cinco minutos", apunta el edil popular Enrique Lope. "Es una cosa oscura y sin transparencia", califica. Por ello, solicitaron un informe a secretaría para ver si podían anular el proceso, y aunque no es posible, en la respuesta se resalta que el documento tiene que ir firmado por un técnico.

Por último, Chunta Aragonesista asegura que "es un expediente falto de la transparencia más elemental dada la relevancia que tiene para la ciudad". Su portavoz, Pedro Pérez, estima que suponen que se llevó a comisión "por una decisión presidencialista del alcalde con el desconocimiento de sus socios de gobierno y quizá de parte de su grupo municipal". En su opinión, la operación planteada no es una modificación sino una "revisión" que se tiene que someter a debate y ser aprobada con el apoyo de la mayoría. No obstante, para ellos la pregunta que hay que hacerse es: "¿Por qué es necesario modificar el PGOU ahora?"

El alcalde de Jaca plantea 946 viviendas más en una zona residencial sin el apoyo de los técnicos

ELENA PUÉRTOLAS. Huesca
El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, ha planteado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para una zona de 441.000 metros cuadrados, el sector Levante en el que se incluye la Corona de los Cuervos, con la que se cambiaría la tipología de vivienda y se aumenta de 1.446 adosados o unifamiliares a 2.187 viviendas en bloques y unifamiliares. El proyecto presentado no está firmado por ningún técnico, como es preceptivo, por lo que la pregunta que está en el aire es quién promueve este cambio. Con este interrogante inicia su informe la arquitecta municipal, que concluye con que "el Ayuntamiento no debería aprobar inicialmente el documento presentado".

La zona, a la derecha de la entrada por la carretera de Huesca (N-330) entre la vía férrea y el carretera de Sabiñanigo, supera las 44 hectáreas por lo que tiene una superficie mayor que todo el casco histórico de Jaca, la ciudadela y parte del Ensanche Norte de Jaca juntos. Esta es la comparativa que entre exclamaciones establece la arquitecta municipal en su informe, en el que se pregunta: "Y ¿para qué? Para 2.187 viviendas y áreas verdes y de equipamientos". En su opinión, "se trata de un dispendio de suelo para los tiempos que corren, valga la expresión".

El futuro desarrollo urbanístico del sector Levante, donde inicialmente había huertas de vecinos de Jaca, que ahora están en manos de grandes constructoras, se fijó en el PGOU de 1997, que se aprobó con un gobierno del PP y los apoyos de PAR y CHA. Ahora, el alcalde no cuenta con el apoyo de otros grupos municipales.

El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, declinó ayer pronunciarse acerca del origen de documento, que quedó dictaminado para pleno en una comisión extraordinaria que convocó en agosto. "En este momento no está en debate ese tema en el Ayuntamiento" aseguró. Al apuntarle que ya había pasado por una comisión informativa, comentó que "el equipo de gobierno no tiene nada que decir al respecto".

Villarroya presentó este estudio en la comisión que se celebró el 12 de agosto, y en la que solo estaba este asunto en el orden del día. La modificación quedó dictaminada para pleno con los tres votos favorables del PSOE y las abstenciones de dos concejales del PP y uno de CHA, que declinaron pronunciarse ante la falta de información sobre el origen proyecto. A esta comisión, no asistieron los representantes del PAR, que forman parte del equipo de Gobierno. No obstante, el alcalde todavía no ha presentado el estudio en ninguno de los dos plenos que se han celebrado desde entonces.

El documento está compuesto por una memoria justificativa, una definición de la nueva propuesta, la delimitación del sector, el estudio económico y el informe geológico además del informe de la arquitecta municipal y del letrado asesor del área con fecha de 12 y 10 de agosto respectivamente. Sin embargo, no está firmado por un técnico municipal o externo. Esa fue una de las trabas que encontró la oposición para abstenerse, puesto que el alcalde tampoco desveló la procedencia.
El origen del documento
Y también la arquitecta municipal que no solo escribió literalmente cuatro interrogantes, "¿¿ ??" en los apartados de 'Solicitante' y 'Técnicos' de su informe, sino que insiste en que desconoce la autoría de la modificación que debe estar promovida "de oficio" por el Ayuntamiento. Pero además, resalta que tampoco le consta - como ocurrió con la modificación el PGOU de la estación de esquí de Astún-, que "el Ayuntamiento haya suscrito un convenio urbanístico con algún "agente inmobiliario" valga la expresión, que justifique la existencia posterior del documento que ahora se presenta". Pero, a continuación, apunta que la aprobación en 2005 de las directrices del sector, trajo el "malestar" de algunos de los propietarios de los terrenos, que interpusieron un recurso administrativo todavía en trámites de resolución.

Uno de los requisitos para presentar una modificación es que exista una justificación. Y la técnico al inicio de su informe con fecha 12 de agosto apunta que "desconoce la causa que ha motivado la redacción del documento objeto de estudio".

En el documento del alcalde, se expone que como consecuencia de la orografía del terreno que dificulta el trazado de los viales, "el tipo de vivienda unifamiliar previsto no es la tipología más adecuada actualmente por lo que habría que buscar una tipología de una ocupación menos extensiva, lo cual también facilitaría la inclusión de las viviendas de Protección Oficial dentro de los sectores" dada la obligatoriedad actual que exige una reserva del 30%.

El informe jurídico exige una serie de requisitos que debe cumplir el nuevo plan como hacer constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de las fincas. Aunque ni el letrado asesor ni la arquitecta niegan que puede ser necesario un cambio, esta última apunta que quizá debería plantearse como una revisión. "El Ayuntamiento no se puede conformar con una tramitación rápida de un documento, que entiendo que conlleva un trasfondo muy importante para la ciudad y su economía futura", asegura.

paralizacion casi total en el tramo Jaca-Sabiñanigo de la A-23

La adjudicataria de estas obras es la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Begar y Benito Arnó e Hijos. Es la primera de estas firmas la que está inmersa en un concurso de acreedores. La solución que está ultimando el Ministerio de Fomento consiste en que Begar ceda el 50 por ciento de la obra a otra UTE de Benito Arnó para que se pueda continuar con los trabajos. Las mismas fuentes precisaron que se trata de un procedimiento más rápido que lo que sería una rescisión del contrato y el reinicio del proceso administrativo para la licitación y adjudicación de la obra.
El tramo Sabiñánigo-Jaca de la autovía A-23 o Mudéjar tiene una longitud de 10 kilómetros y su construcción fue adjudicada por 22, 5 millones de euros. Las obras comenzaron a finales del año 2006 y en aquel entonces tenían un plazo de ejecución de 33 meses. Este contratiempo demorará su conclusión, aunque las mismas fuentes no precisaron qué retraso está suponiendo todo este proceso.
Por otra parte, tal y como publicó el sábado este periódico, las obras del primer tramo de la autovía A-21 (Jaca-Pamplona) en suelo aragonés se encuentran paralizadas, también por hallarse en concurso de acreedores la adjudicataria, en este caso la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).
Ante esta eventualidad, el Ministerio de Fomento va a proceder a la rescisión del contrato "lo más rápido posible", mediante la realización de un contrato de finalización de obra, para volver a sacar a licitación de nuevo la construcción de este trazado, de 4,3 kilómetros que discurre entre el enlace con Sigüés y el límite con la provincia de Navarra.
Aunque se trata de un "proceso de urgencia", los plazos siempre serán mayores que en el caso de la cesión de la obra que se va a realizar en el tramo Sabiñánigo-Jaca, según las mismas fuentes, que, en cualquier caso, aseguraron no poder precisar los retrasos que acumularán ambos tramos por la situación que están atravesando.
Respecto a la autovía A-22, de Huesca a Lérida, cabe destacar que continúa la redacción del proyecto de construcción del tramo Huesca-Siétamo, el trazado más retrasado de todo el conjunto de autovía. En el Alto Aragón, hay dos tramos de esta vía en servicio: la variante de Monzón y el tramo entre Ponzano y El Pueyo, y ocho están en ejecución en la actualidad.

fuente: Altoaragón

El PP de Jaca solicita una Mesa de Desarrollo Local ante el aumento del paro

El PP de Jaca pide que sea convocada de inmediato una Mesa de Desarrollo Local ante "el alarmante aumento del paro registrado en la ciudad".
Septiembre se ha cerrado en Jaca con 789 parados, "286 más de los que estaban registrados en las listas del paro en la misma fecha del pasado año", lo que supone un incremento "del 56"8 por ciento respecto a 2008 y del 104"9 por ciento respecto a 2007", explican los populares. "Nos encontramos ante un escenario laboral muy preocupante en nuestra ciudad", destacan.
Además, recuerdan que en junio del año pasado el equipo de gobierno municipal, formado por PSOE y PAR, presentó un plan de acción ante la Mesa de Desarrollo Local con el fin de hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, el Partido Popular denuncia que "ninguna de las acciones concretas que se presentaron han sido ejecutadas a fecha de hoy" y que "los proyectos derivados de estas propuestas están paralizados al no haber sido convocados nuevamente los agentes sociales que componen dicha Mesa".
Desde el PP se critica que la única actividad económica generada "proviene del Plan E", pero también en esto las cifras de creación de empleo son "escasas en relación con las expectativas levantadas". En este sentido, señalan que de los 130 trabajadores que en un principio esperaban contratarse, "107 estaban ya empleados en las empresas adjudicatarias y sólo 23 de ellos han sido contratados específicamente para estas obras".
También se refieren a que en la última campaña electoral, el alcalde, Enrique Villarroya, afirmó que "el futuro polígono industrial de Martillué iba a conllevar un mayor desarrollo de equipamiento industrial y comercial de la ciudad en los próximos 20 años".
"El PP denunció la inviabilidad técnica y económica de este proyecto y, una vez más, el tiempo nos ha dado la razón", indican los populares, y subrayan que el equipo de gobierno, al no presentar ninguna alternativa, pone de manifiesto la carencia de un plan estratégico industrial, "largamente demandado por este partido y que serviría para sentar las raíces del desarrollo empresarial de nuestro municipio".

EL PARO, PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS ESPAÑOLES

En septiembre de 2007, el paro era el tercer problema del país, con un 35 por ciento de respuestas. La lista tiene en segundo puesto a los problemas económicos en general, con un 48,4 por ciento de respuestas, seis puntos menos que hace un año. Cerca del 71 por ciento de los consultados considera "mala" o "muy mala" la situación económica, seis puntos más en julio. El tercer lugar en los problemas nacionales es para el terrorismo, que se anota un 18,3 por ciento de alusiones, un punto menos que en el mes de julio.
En lo que respecta a las preocupaciones subjetivas, el paro también lidera, con un 40,8 por ciento. Le siguen los problemas económicos (40,4 por ciento), la vivienda (9,4 por ciento), la inseguridad ciudadana (9 por ciento) y la educación y las pensiones, que empatan con un 6,4 por ciento de respuestas.
Estas son algunas de las conclusiones de un sondeo que ha hecho público el CIS a partir de 2.475 encuestas personas y domiciliarias, llevadas a cabo en 239 municipios de 49 provincias entre el 4 y el 14 de septiembre, y que presenta un margen de error de más/menos 2 por ciento.
En septiembre de 2008 la preocupación por el paro se hacía patente en el 62,2 por ciento de las respuestas que los ciudadanos dieron entonces al CIS. La inquietud por este asunto fue creciendo mes a mes hasta alcanzar su máximo del año en mayo, cuando cosechó un 77,3 por ciento de menciones.
En los dos meses siguientes, coincidiendo con el inicio del verano, la preocupación ciudadana por el desempleo bajó ligeramente (73,8 por ciento en junio y 74,4 por ciento en julio), pero el fin de la campaña estival ha producido un repunte, con un aumento de este porcentaje al 76,4 por ciento en septiembre.
Si los datos se comparan con los de hace dos años se comprueba que la preocupación por la falta de trabajo se ha más que duplicado. En septiembre de 2007 el paro era el tercer problema del país con un 35 por ciento de respuestas.
La actual lista de preocupaciones tiene en el segundo puesto a los problemas económicos en general, con un 48,4 por ciento de respuestas, seis puntos menos que hace un año. El tercer lugar es para el terrorismo que se anota un 18,3 por ciento de alusiones y baja un punto respecto al mes de julio, cuando se publicó el último barómetro del CIS.
LA INMIGRACION, EL CUARTO PROBLEMA
La inmigración, con el 14,3 por ciento de contestaciones, repite como el cuarto problema, con un descenso de cuatro puntos respecto a julio, y el quinto es para la inseguridad ciudadana (12,8 por ciento). La preocupación por los partidos y la clase política en general, que en el sondeo anterior se colocó en el quinto puesto con un 10,8 por ciento, ha subido 1,2 puntos en septiembre y queda sexto lugar.
El CIS también elabora mensualmente una relación subjetiva de preocupaciones, que continúa siendo liderada por el paro (40,8 por ciento), seguido de los problemas económicos (40,4 por ciento), la vivienda (9,4 por ciento), la inseguridad ciudadana (9 por ciento) y la educación y las pensiones, que empatan con un 6,4 por ciento de respuestas.
Respecto a la percepción de la crisis, casi el 71 por ciento de los consultados considera "mala" o "muy mala" la situación económica -seis puntos más que en julio-, frente al 3,5 que cree que es "buena" o "muy buena" -1,5 puntos menos que dos meses antes-. Hace justo un año los que veían bien o muy bien la economía eran el 6 por ciento, mientras que el 60 por ciento pensaba que la coyuntura era mala o muy mala.
Los pronósticos económicos para dentro de un año mejoran aunque mínimamente si se comparan con los del anterior barómetro. El 24,2 por ciento augura que la economía estará mejor dentro de doce meses, mientras que un 26,7 por ciento cree que empeorará en ese periodo. En septiembre de 2008 los optimistas eran el 13,7 por ciento y los pesimistas alcanzaban el 45 por ciento.
Por último, el CIS revela que el 7 por ciento de los encuestados concibe como "buena" o "muy buena" la situación política y que el 53 por ciento la considera "mala" o "muy mala". El 10 por ciento pronostica que este tema estará mejor dentro de doce meses y justo el doble augura lo contrario.

FUENTE: ALTOARAGÓN