La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) advierte de que va a ser necesario un "replanteamiento" del empleo público y de la remuneración de los asalariados si se quiere sanear las cuentas de las administraciones.
El artículo "Empleo público y consolidación fiscal" publicado en el último número de los Cuadernos de Información Económica de FUNCAS asegura que el empleo público ha crecido un 26,97% entre 1998 y 2009, una expansión que se ha producido sobre todo en las administraciones autonómicas y en los ayuntamientos.
Así, el crecimiento medio por año del empleo público ha sido en ese periodo del 3,79%, si bien en el caso de la Administración central se ha reducido el 3,14% de media en cada ejercicio, mientras que en las comunidades autónomas ha aumentado el 9,41% y en los ayuntamientos, el 3,44%.
El cuadro que acompaña este artículo muestra diferencias más claras entre las administraciones, como en el año 2007, en que el empleo público autonómico subió el 24,8% mientras el estatal se reducía el 31,15%.
Sobre estas fuertes diferencias, el autor de este estudio, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Miguel González Moreno, explica que mientras la administración central ha sufrido un drástico recorte de empleados en el proceso de descentralización, el aumento del personal en la autonómica no se ha debido sólo a este hecho.
Así, denuncia que en las comunidades se han tomado además "decisiones discrecionales", mientras que en los ayuntamientos la buena coyuntura económica ha hecho que aumentarán sus efectivos humanos, aunque sus retribuciones "no están e consonancia con la capacidad y solvencia de las haciendas locales".
El artículo admite que cualquier ajuste en el empleo y la remuneración de los trabajadores de las administraciones "tendría un efecto cuantitativo considerable" sobre las cuentas.
Sin embargo reconoce que cualquier estrategia debe sopesar el impacto que tendría dicho ajuste sobre el mercado de trabajo, ya que el empleo en el sector público (administraciones y empresas públicas) supone el 14,6% del total, y sólo el de las administraciones es el 13,82%.
En concreto, considera que una reducción del empleo público afectaría más a las comunidades en las que éste tiene un mayor peso, entre las que cita Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Asturias, Aragón, Andalucía y Galicia.
Con respecto a la contención salarial en el sector público, ésta tendría un considerable impacto presupuestario, porque las partidas de personal suponen el 25,89% del gasto público total, y también serviría de guía al sector privado.
Para González Moreno, se deben establecer "algunos límites", como sopesar la incidencia negativa que la reducción de puestos de trabajo y salarial tendría sobre la actividad económica, el consumo y el empleo.
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