La Fiscalía del Tribunal de Cuentas investiga a la DGA y entre esas investigaciones, nuevamente Jaca está en el punto de mira.
Esta vez no es por la Pista de Hielo, que todo llegará, sino por el Consorcio Hospitalario de Jaca.
El fiscal ha detectado multiples irregularidades que afectan al Hospital de nuestra ciudad. Desde deudas por valor de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas)que, sin que coste claramente que se hayan pagado, desaparecen de la cuenta de deudores, hasta todo tipo de irregularidades en la política de sueldos.
la Fiscalía está analizando por qué el gerente del Consorcio Hospitalario de Jaca decidió pagar más a determinado personal, pese a no ser aparentemente competente para ello. Además, se incluye el agravante de que a estas personas les aprobó sueldos que estaban fuera de convenio.
También se han encontrado presuntas irregularidades en los contratos de medicamentos (la Fiscalía ve actuaciones problemáticas por parte de la administración en la mayoría de estos suministros), la creatividad y el plan de medios de las campañas de la DGA de 2004 e incluso las contratas de limpieza de varios hospitales.
Además, denuncia debilidades en el control interno, que alcanzan al pago de retribuciones variables a la recaudación y a la contabilidad.
El fiscal avisa tambien de que se han saltado la ley de contratos públicos en varias operaciones y encuentra deficiencias en la justificación de servicios retribuidos.
Todas estas supuestas irregularidades forman parte de las diligencias previas que ha abierto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras el informe que aprobó este órgano sobre la contabilidad de la DGA en 2004 y 2005. La Fiscalía detectó posibles irregularidades. Por ello informó al Tribunal de Cuentas de su decisión de abrir diligencias previas tanto por la existencia de "indicios de responsabilidad contable" como de sospechas ciertas de posibles "infracciones penales".
En el caso de las infracciones penales, no se dirigiría contra la DGA sino contra "personas particulares", que bien puede ser personal de la administración, altos cargos o los beneficiarios de las decisiones.
Desde el Partido Popular se exigen explicaciones al mal manejo de de los fondos públicos y critican la turbia gestión del Gobierno PSOE-PAR.
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