Según el Gobierno central, Aragón tiene 42 empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios y 11 entes públicos, entre otros. Solo en empresas públicas trabajan unas 1.500 personas.La etapa de gobierno PSOE-PAR (desde 1999) está siendo muy prolífica para la creación de entes dependientes de la comunidad autónoma (fundaciones, consorcios, empresas públicas, organismos autónomos?). En una década, se ha pasado de 20 organismos a 90, un crecimiento del 77,7%, a un ritmo de siete por año. En total, según un registro actualizado por el Ministerio de Economía y Hacienda con fecha de julio de 2009, Aragón tiene 90 entes (en este tiempo, se han producido alguna bajas). De estos, 42 son empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios, 12 entes públicos y 6 organismos autónomos.
Y con este incremento, también ha aumentado considerablemente el presupuesto destinado a ellos y por supuesto, el personal. Solo en las empresas públicas, según informaron desde la DGA, hay una plantilla media de 1.500 personas. No obstante, en algunos momentos esta cifra se incrementa con contrataciones temporales para determinados trabajos. Además, hay más de un centenar de altos cargos (nueve de ellos cobran más que el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias).
En cifras presupuestarias, las empresas públicas, las entidades de derecho público, las fundaciones y los consorcios se llevan el 15,6% del presupuesto de la Comunidad Autónoma: casi 900 millones de euros. Se reparten 571,8 millones para las empresas públicas (354,4 millones para explotación y 217,4 de capital); 275,9 millones para entidades de derecho público; 12 millones para fundaciones; y 36,1 para consorcios. En este último, habrá que sumar próximamente el nuevo consorcio que se ha creado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.
Entre las entidades de derecho público (100%), por ejemplo destacan el Instituto Aragonés del Agua o de Servicios Telemáticos o la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hay, además, numerosas fundaciones, la mayoría culturales, como la fundación Goya o Tarazona Monumental y otras de promoción como la de desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno de Aragón.
En las empresas públicas, hay que distinguir entre aquellas en las que el Gobierno de Aragón tiene la mayoría de las participaciones y las que, también siendo públicas, poseen un porcentaje minoritario. Entre las primeras se encontrarían sociedades como Pla-Za, Suelo y Vivienda de Aragón, Ciudad del Motor y Sodemasa. Entre las segundas, estarían Zaragoza Alta Velocidad o Promoción Exterior de Zaragoza.
Pero también hay sociedades en las que la DGA participa, pero son privadas. Por ejemplo, hay algunas tan peculiares como Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés y Zumos Catalano Aragoneses y otras, en las que las inversiones han fracasado como Savia Capital o Plaza Servicios Aéreos.
Sin recortes a corto plazo
Precisamente, en 2008 el Gobierno de Aragón creó la Corporación Empresarial Pública de Aragón para agrupar todas las participaciones empresariales directas. A su creación la acompañó una ley de reestructuración. Y es precisamente, en este órgano en el que se escuda la DGA para defender sus recortes y reestructuración de las empresas públicas, que directamente ha exigido la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a las comunidades autónomas para reducir el gasto.
El pasado jueves, Salgado anunció el compromiso del Gobierno central de acometer "un importante recorte en el número de empresas públicas". Pero, como publicó este diario, esta iniciativa no entra en los planes del Ejecutivo autonómico, de momento. No está previsto ni reducir el número de sociedades públicas ni el elevado número de altos cargos.
De hecho, fuentes de la DGA consideraron que la Corporación Empresarial es "pionera" en las políticas de racionalización de su sector empresarial. Asimismo, recordaron que se ha dificultado el proceso para hacer más contrataciones y se ha aplicado una política de contención de sueldos. Los salarios de los altos cargos están congelados desde 2009 (llegan hasta los 120.000 euros al año).
Pero no entra en los planes de la Corporación meter la tijera y agrupar empresas o suprimir otras. No se descarta, no obstante, promover algún tipo de desinversión en sectores concretos. Esto, en cualquier caso, solo afectaría al capítulo de inversión y nunca al de gasto de personal, que es en el que más incide el Ejecutivo central. De hecho Aragón lidera junto a Cataluña, el ranquin de creación de sociedades ajenas al control parlamentario. Son las autonomías que más empresas públicas han creado desde 2008. Según los datos oficiales, cada una de ellas ha añadido desde entonces siete empresas públicas ajenas al derecho público. Suponen el 50% de todas las creadas en España en ese periodo.
El Gobierno central, de momento, ha tomado la delantera y Salgado ha anunciado un recorte del 4% de gastos de personal, un 15% de los operativos, un 36% de viajes, comidas y protocolo y un 13%, en inversiones, en las empresas públicas del Estado.
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